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Respuesta a la migración: ¿blanco o negro?

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Juan Pablo Ramaciotti

Director Ejecutivo

Centro de Políticas Migratorias

La Tercera, 27 de marzo de 2024

Chile es un país con una fuerte tradición de respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distinción. No es necesario sacrificar ese valor para hacernos cargo de las legítimas preocupaciones de seguridad, orden, convivencia y estabilidad económica que hoy día existen en torno a la migración.

El aumento de la población migrante en Chile ha puesto al centro del debate político del país la discusión sobre qué tipo de medidas debemos tomar para que la migración sea ordenada, segura y regular. Como en muchos lugares del mundo, esta es una discusión que tiende a polarizarse y dificultarse por sesgos ideológicos y conveniencia política.

Pareciera haber dos posiciones ante la migración que serían contrarias e incompatibles. Por una parte, quienes defienden los derechos de los migrantes, abogando por su regularización, el acceso a recursos y programas del Estado y promoviendo una mayor apertura a la llegada de extranjeros. Por otro lado, quienes piden restringir el acceso de migrantes al país, dando trato de delincuentes a quienes ingresan sin papeles y enviándolos a todos de vuelta a su país de origen sin importar las razones por las que migraron.

Esta visión de blanco o negro para responder a los desafíos que plantea la migración profundiza los problemas en lugar de resolverlos. La protección y defensa de los derechos humanos no es patrimonio de un sector específico; y tampoco lo son el orden y la seguridad. Avanzar en mejores políticas migratorias, de manera seria y equilibrada, requiere al menos de tres condiciones fundamentales.

Primero, comprender la complejidad del asunto de manera objetiva. Si queremos reducir la migración irregular, el análisis no puede reducirse a si hay que abrir las fronteras para que todos entren con papeles, o si hay que expulsarlos a todos y aplicarles las penas del infierno. Es necesario buscar equilibrios que permitan enfrentar desde distintos ángulos las causas de la migración irregular, junto con promover que quienes vengan al país lo hagan por los canales legales. Las mismas consideraciones hay que tener al buscar la seguridad de las fronteras y combatir las bandas criminales, al mismo tiempo que promovemos la integración de las familias migrantes en nuestra sociedad.

Segundo, seguir empujando que las instituciones funcionen adecuadamente. El Servicio Nacional de Migraciones ha agilizado la tramitación de visados y permisos, se aprobó la primera Política Nacional de Migraciones y se han reforzado las relaciones bilaterales con otros países. Sin embargo, aún hay mucho que seguir mejorando para tener procesos migratorios claros y con plazos razonables, políticas que funcionen entre distintas instituciones del Estado beneficiando tanto a chilenos como extranjeros y acuerdos efectivos en materia migratoria a nivel internacional.

Tercero, ser responsables con el debate y trabajar para alcanzar consensos. No podemos promover discursos y políticas que sólo tienen un efecto mediático o político sin detenernos a observar qué nos dice la evidencia tanto en Chile como en otros países respecto del efecto de una u otra medida. Es fundamental hacer el ejercicio de analizar cuáles son los pros y contras de las posibles respuestas a los desafíos que enfrentamos, de manera objetiva e identificando los temas en que es posible alcanzar consensos responsables y proyectables en el tiempo.

Chile es un país con una fuerte tradición de respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distinción. No es necesario sacrificar ese valor para hacernos cargo de las legítimas preocupaciones de seguridad, orden, convivencia y estabilidad económica que hoy día existen en torno a la migración. Pero sí es necesario hacer esfuerzos para tener un diálogo menos polarizante, con evidencia sobre la mesa y con voluntad de alcanzar acuerdos que nos beneficien a todos.

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