Regularización migratoria, efecto llamada y visión a futuro

Pese a que regularizar da cuenta de políticas migratorias que fueron insuficientes, si se lleva a cabo con requisitos y limitaciones claras, es la mejor alternativa para el país.

Esta semana el gobierno anunció que está estudiando llevar a cabo una regularización migratoria que podría beneficiar a los extranjeros que fueron parte del proceso de empadronamiento biométrico, que comprende a 182 mil migrantes que viven en Chile sin un permiso de residencia. Este anuncio ha generado reacciones encontradas a favor y en contra de la regularización, teniendo ambas posturas argumentos que es necesario considerar.

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A favor de una regularización está la importancia de aumentar la formalidad laboral, promover mayor integración social, potenciar el aporte económico de los migrantes, y distinguir a aquellos inmigrantes que no tienen antecedentes penales y están trabajando de la minoría que ha llegado a Chile involucrándose en actividades delictivas. La principal razón para no regularizar es el temor a que esto genere un “efecto llamada”. Es decir, que la señal de que Chile regulariza a quienes ingresaron por pasos no habilitados pueda dar a entender a otros extranjeros que quieren venir al país que pueden hacer lo mismo y eventualmente serán beneficiados con un “perdonazo”. 

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Si bien no hay evidencia a nivel internacional de que las regularizaciones aumenten los ingresos irregulares, sí se ha observado que las facilidades que entreguen las políticas migratorias son un factor que los migrantes consideran al momento de desplazarse. Por lo mismo, es fundamental para evitar un potencial “efecto llamada” que esté muy claro que no se va a regularizar a quienes hayan ingresado a Chile después del año 2023.

Por otra parte, hay que reconocer que este tipo de regularizaciones responden a la incapacidad de las instituciones y las políticas para enfrentar los desafíos vinculados a la inmigración. En el caso de Chile, el desplazamiento de personas venezolanas y el cierre de fronteras por la pandemia sobrepasó nuestra institucionalidad, nuestra normativa y nuestras capacidades de control e integración. Hoy hay 182 mil personas viviendo en el país que voluntariamente entregaron su información a las policías, de los que la mayoría está trabajando y tiene hijos en el país. Plantear que debemos expulsar a todas esas personas es inviable, porque esa capacidad no existe (durante la última década se han realizado en total cerca de 15 mil expulsiones). Considerando eso, pese a que regularizar da cuenta de políticas migratorias que fueron insuficientes, si se lleva a cabo con requisitos y limitaciones claras, es la mejor alternativa para el país.

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Con todo, la necesidad de regularizar hoy debe también hacernos trabajar para que no estemos nuevamente en el mismo escenario en uno o dos años más. Eso implica tomar medidas siendo realistas con lo que las distintas herramientas disponibles pueden lograr. Mientras existan crisis humanitarias y políticas como la de Venezuela, habrá personas desplazándose para reencontrarse con sus familias y tener sustento económico. Si queremos tener fronteras más seguras, reducir al máximo posible los ingresos clandestinos y desbaratar el negocio que tienen las bandas de tráfico de migrantes y trata de personas, no basta con resguardar la frontera con militares y amenazar con deportaciones. Es fundamental que también existan vías de reunificación familiar que sean legales, expeditas y accesibles, una institucionalidad migratoria más eficiente y mayor altura de miras de las autoridades para tomar decisiones basadas en evidencia.