Migración y desarrollo económico: una oportunidad estratégica para el Chile que viene

Chile se encuentra en una encrucijada migratoria que demanda respuestas estratégicas y coordinadas. Los números son decidores: la población migrante ha demostrado ser un motor económico significativo, con tasas de ocupación laboral superiores a las de los chilenos, niveles educacionales más altos, una composición etaria más joven y contribuciones netas positivas al fisco.

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Miles de empresas han sido creadas por extranjeros en los últimos años y sus tasas de afiliación al sistema de pensiones superan a las nacionales. Sin embargo, esta realidad convive con brechas preocupantes que limitan el potencial de esta realidad y generan tensiones en distintos servicios y niveles del Estado.

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La informalidad laboral y el subempleo por calificación afectan desproporcionalmente a los trabajadores migrantes, especialmente a mujeres y a quienes han llegado recientemente al país. Esta situación representa una pérdida de capital humano y perpetúa condiciones laborales precarias que pueden distorsionar las condiciones de competencia en el mercado del trabajo.

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Un aspecto que merece especial atención es la evaluación del límite a la contratación de extranjeros por empresa. Esta restricción, puede estar limitando la formalización del empleo migrante y la cobertura de necesidades laborales legítimas en sectores específicos y su flexibilización podría contribuir significativamente a reducir la informalidad laboral.

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Paralelamente, las barreras administrativas y burocráticas para la convalidación de estudios y certificación de competencias constituyen un obstáculo que mantiene a profesionales altamente calificados en empleos por debajo de sus capacidades, desperdiciando talento que podría impulsar sectores y actividades estratégicas de nuestra economía.

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Ante esta realidad, diez centros de estudios, de diversas orientaciones políticas, trabajaron durante más de un año para construir una propuesta transversal que sirva de base para una nueva política migratoria de Estado. Este esfuerzo, convocado por el Centro de Políticas Migratorias, ha resultado en un documento que ofrece una mirada estratégica e integral de mediano y largo plazo, estructurado en cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer la institucionalidad migratoria del país, respetando los derechos humanos y las obligaciones internacionales, con el objetivo de avanzar hacia una mejor gestión que garantice seguridad, integración y desarrollo.

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El éxito de estas medidas depende de la coordinación efectiva entre distintos niveles de gobierno y sectores de la sociedad. Los gremios empresariales, las organizaciones de trabajadores y las comunidades locales deben participar activamente en el diseño e implementación de estas iniciativas, asegurando que respondan tanto a las necesidades económicas como a las realidades sociales de cada territorio.

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Algunas de las líneas de acción que propone el documento tienen relación con la integración tecnológica entre la Bolsa Nacional de Empleo y la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones para facilitar la contratación formal en empleos de difícil cobertura, reducir la informalidad y mejorar las condiciones laborales.

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Simultáneamente, reforzar la implementación del nuevo sistema de revalidación de títulos y la creación de un mecanismo de certificación de competencias laborales que reconozca certificaciones extranjeras, aparecen como medidas importantes, que no solo beneficiarían a los migrantes, sino que fortalecerían sectores económicos que requieren personal especializado.

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La articulación de estrategias de inserción laboral con municipios y gobiernos regionales es una oportunidad única para potenciar las oficinas municipales de información laboral y vincular la migración con las iniciativas y planes de desarrollo regional.

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La experiencia internacional demuestra que una política migratoria bien diseñada puede atraer talento específico, cubrir vacantes laborales críticas y dinamizar regiones con menor desarrollo económico. Esto implica establecer cuotas y perfiles laborales prioritarios que respondan a las necesidades reales de nuestras regiones e industrias, coordinando iniciativas entre distintos niveles de gobierno y servicios públicos para asegurar una integración exitosa.

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Chile tiene hoy la oportunidad de transformar los desafíos migratorios en ventajas competitivas para el futuro, pero esto requiere voluntad política, coordinación institucional y una visión estratégica de largo plazo. Los consensos presentados en el documento demuestran que existe un camino viable y compartido por distintos sectores políticos hacia una política migratoria que nos conduzca hacia el Chile que viene.