Cada vez se hacen más comunes los ejemplos de gobiernos que han adoptado una postura crecientemente restrictiva frente a la inmigración, como respuesta a las tensiones que se generan cuando aumenta la llegada de extranjeros, especialmente a través de vías irregulares.

 

En Estados Unidos, Donald Trump suspendió la llegada de refugiados, reforzó el control fronterizo, ha expulsado a inmigrantes irregulares a terceros países como El Salvador y Costa Rica y se han intensificado las redadas de migrantes indocumentados. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni firmó un acuerdo con Albania para enviar a inmigrantes rescatados del mar o detenidos en Italia a centros de detención en territorio albanés, ha aumentado el tiempo de detención de migrantes irregulares a 18 meses antes de deportarlos, ha limitado el acceso al asilo y ha reforzado el control fronterizo en países africanos. Recientemente, el gobierno de Javier Milei en Argentina ha anunciado el cobro por servicios de salud a extranjeros que no tengan visa de residentes, la incorporación de mecanismos de expulsión inmediata y mayores requisitos para acceder a la residencia permanente. Ejemplos como estos hay muchos; también en Chile durante los últimos años se han ido estableciendo mecanismos legales y administrativos que buscan desincentivar la migración irregular y controlar la frontera de manera más efectiva. 

 

Que los países redoblen esfuerzos por tener fronteras más seguras, disminuir la inmigración irregular y contar con un sistema migratorio eficiente no sólo es legítimo, sino que absolutamente necesario. El problema es cuando estas medidas vulneran derechos fundamentales y van acompañadas de discursos que alimentan el rechazo a los extranjeros, dividiendo a la sociedad entre “anti migrantes” y “pro migrantes”. Estas retóricas suelen estar marcadas por un nacionalismo que plantea la necesidad de priorizar al país antes que a los inmigrantes, planteando una falsa dicotomía que puede costar muy cara a futuro.

 

Experiencias de años anteriores en Estados Unidos e Italia muestran que la persecución y estigmatización de los inmigrantes generan exclusión y vulnerabilidad, lo que afecta a la convivencia, cohesión y desarrollo de la comunidad completa. Los países que sólo se enfocan en el control fronterizo sin dar oportunidades a un sistema migratorio que entregue soluciones comprehensivas, han incentivado una sofisticación de las bandas criminales dedicadas al tráfico y trata de personas, generando más peligro tanto para los migrantes como para las sociedades receptoras. 

 

Parte de esto ya está ocurriendo en Chile: ha aumentado el tráfico de migrantes y la trata de personas; la percepción de la ciudadanía sobre los inmigrantes ha empeorado sostenidamente durante los últimos años; la convivencia en los barrios se ha tensionado ante choques culturales; y la pobreza de las familias migrantes ha superado la de los hogares nacionales.

 

Hoy aproximadamente una de cada diez personas en Chile es inmigrante. Los hijos e hijas de extranjeros son chilenos cuyo futuro también marcará el de nuestro país. Optar por discursos que profundicen los conflictos, el miedo y la criminalización va a hipotecar la cohesión y convivencia de Chile. Sin embargo, estamos a tiempo para optar por un trabajo serio, con altura de miras y decidido para tener políticas migratorias sólidas, que nos permitan avanzar en seguridad, orden y cohesión social. Poner a Chile primero requiere desprenderse de discursos populistas y tomarse en serio los desafíos que plantea la migración, reconociendo las tensiones y oportunidades que tenemos como país, tomando decisiones que respondan a las urgencias de hoy sin arriesgar nuestro futuro.