El desafío de la institucionalidad migratoria para el Chile que viene

En los últimos años, Chile ha dado pasos importantes para modernizar su institucionalidad migratoria. La creación del Servicio Nacional de Migraciones, la consagración legal del Consejo de Política Migratoria y la obligación de dictar y revisar periódicamente la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME) son hitos que no deben subestimarse.

La Ley 21.325, su reglamento y los decretos que regulan los principales permisos (D.S. 177 y D.S. 23 de 2022) han sentado las bases de un marco legal que permite un sistema migratorio más ordenado, predecible y ajustado a estándares internacionales.

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Sin embargo, el verdadero desafío es transformar esta arquitectura legal en una institucionalidad que funcione con eficiencia, transparencia y dignidad. Y ahí es donde la realidad nos enfrenta a un panorama preocupante: demoras de meses, o incluso años, para la tramitación de permisos; una PNME que aún carece de metas e indicadores claros; municipios sin recursos suficientes para acompañar e integrar a las comunidades migrantes; y una red consular que no ha sido capaz de desplegar todo su potencial como herramienta de gestión migratoria.

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Elecciones y consensos migratorios

Por todo lo anterior, es que en el marco de las próximas elecciones presidenciales consideramos que es un buen momento para que los diversos candidatos entreguen propuestas al respecto.

 

Para enfrentar la actual situación de la inmigración en nuestro país se requieren grandes acuerdos que posibiliten la ejecución de decisiones políticas, legales y administrativas.

 

Pese a la polarización imperante, el Centro de Políticas Migratorias (CPM) —tras un año de trabajo sistemático y en un contexto marcado por las próximas elecciones presidenciales— logró reunir a diez centros de estudio que, de manera conjunta, consensuaron y presentaron propuestas concretas sobre cómo debe ser la política migratoria del Chile del futuro.

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Propuestas para una institucionalidad moderna

En el ámbito de la institucionalidad migratoria, estas propuestas avanzan en la dirección correcta y permiten abordar de manera efectiva varios de los desafíos aún pendientes.

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En particular, destaca la medida orientada a fortalecer el Servicio Nacional de Migraciones, dotándolo de infraestructura moderna, sistemas automatizados y equipos profesionales especializados para resolver los cuellos de botella más críticos.

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Asimismo, resulta clave la propuesta de realizar una evaluación independiente del sistema de revisión y otorgamiento de permisos, con el objetivo de reducir de forma significativa los tiempos de espera y optimizar los procesos.

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Finalmente, sobresale la recomendación de institucionalizar metas e indicadores estratégicos para el Consejo de Política Migratoria, garantizando que la PNME no sea únicamente una declaración de principios, sino una herramienta operativa con mecanismos efectivos de monitoreo y rendición de cuentas.

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Un llamado a la voluntad política

Chile tiene la oportunidad de consolidar una política migratoria integral que combine gobernanza, seguridad y respeto a los derechos humanos. El consenso ya está trazado: ahora se trata de tener la voluntad y los recursos para hacerlo realidad. Porque una institucionalidad migratoria sólida no es un lujo, es la condición para que la política migratoria sea digna, efectiva y legítima ante toda la ciudadanía.

 

En el tema de la inmigración y sus desafíos, es crucial aunar esfuerzos para que nuestro país avance en una senda de progreso, de orden público y de respeto a la dignidad de las personas.