Desafíos de la Política Nacional de Migración

El jueves 6 de julio el gobierno lanzó la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), lo que es sin duda una buena noticia, dada su relevancia para que el Estado aborde de manera coordinada e integral los desafíos vinculados a la movilidad humana. De forma sintética, se pueden resumir las principales ideas de la PNME en cuatro temas que engloban todos sus ejes y medidas más concretas: el fortalecimiento institucional, la integración e inclusión de personas migrantes, el resguardo de las fronteras y el cumplimiento interno de la normativa migratoria.

 

No es una novedad que el Servicio Nacional de Migraciones no ha dado abasto en la tramitación de solicitudes y residencias. Es positivo, por lo tanto, que se inyecten recursos adicionales para regularizar la tramitación de solicitudes acumuladas reforzando los equipos. Es destacable también que se delineen acciones para fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones y las iniciativas para mejorar la información disponible para los usuarios.

 

Por otra parte, el reconocimiento y fortalecimiento de la integración o inclusión de las personas migrantes constituye una novedad y un importante avance en las políticas migratorias en Chile, que históricamente han estado predominantemente enfocadas en el control de fronteras y requisitos de ingreso y estadía en el país. Se incluyen medidas concretas orientadas a facilitar el acceso a la residencia, el resurgimiento del programa de mediación intercultural y las iniciativas tendientes a facilitar el acceso a las plataformas del Servicio Nacional de Migraciones y a los servicios sociales.

 

Adicionalmente, se observa que el cumplimiento de las normas migratorias y la regularidad migratoria constituyen una preocupación importante en esta política. Es positivo que se defina un camino a seguir para hacerse cargo de la situación de quienes han ingresado desde hace años de manera irregular al país, siendo requisitos necesarios para acceder a una futura regularización haber participado del empadronamiento biométrico, mostrar condiciones de arraigo en el país y no presentar antecedentes penales. La PNME establece además una batería de medidas para reforzar la eficacia de las sanciones migratorias, como la agilización de expulsiones o la ampliación de causales de expulsión.

 

Finalmente, se incorpora una serie de medidas para desincentivar nuevos flujos migratorios irregulares. Se favorecen determinados tipos de visas laborales para el ingreso regular de personas migrantes al país, mientras que establecen cambios normativos y operativos para reforzar el control migratorio y de las fronteras. Si bien estas últimas medidas aumentan la rigurosidad de la respuesta estatal frente a la llegada de nuevos migrantes, la forma en que sean implementadas será clave para lograr el debido equilibrio entre las necesidades de seguridad y los derechos de quienes se puedan ver involucrados en dichas medidas.

 

La puesta en marcha de la Política Nacional de Migración presenta desafíos esenciales para su éxito. El primero es la efectividad en la implementación y la transparencia en su seguimiento: hay medidas que ya debiesen estar en ejecución y otras cuyo plazo de cumplimiento es inminente. Es importante que existan medidas concretas de seguimiento de las medidas comprometidas, así como transparencia para informar de su estado de ejecución. El segundo es que las numerosas medidas de control y seguridad sean implementadas respetando las obligaciones internacionales de respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas. Tercero, será fundamental que exista coordinación efectiva entre las distintas instituciones del Estado y colaboración con la sociedad civil, la academia y el sector privado en el desafío de avanzar generando mayores consensos y mejores respuestas en esta materia.